Norma vigente
1. Las personas físicas o jurídicas que, por sí solas o actuando de forma concertada con otras personas, pretendan adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española, o bien incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 %, o bien que, en virtud de la adquisición, pudieran llegar a controlar la entidad de crédito, lo notificarán previamente por escrito al Banco de España, indicando la cuantía de la participación prevista e incluirán en dicha comunicación la información que se recoge en la lista que figura como anejo a la presente Circular (en lo sucesivo, la lista).
Si no concurre alguna de las circunstancias respecto de las que se solicita información en dicha lista, la persona que la cumplimente habrá de confirmar expresamente que no se dan tales circunstancias.
La información suministrada deberá ser completa, veraz y actual.
Cuando una participación significativa se vaya a adquirir o incrementar, total o parcialmente, de forma indirecta, se deberá facilitar la información recogida en los puntos 1 y 2 de la parte I de la lista, tanto por aquellos que vayan a adquirir de manera directa dicha participación como por la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, sean el propietario último de aquellos. No obstante, el Banco de España podrá pedir al adquirente directo que aporte la citada información respecto de algunas o todas las personas o entidades a través de las cuales la participación se adquiera, si la considerara necesaria para realizar la evaluación cautelar de la adquisición propuesta.
2. En caso de que el adquirente potencial, directo o indirecto, sea una entidad de crédito supervisada por el Banco de España, aquel solo deberá facilitar la información que sobre la adquisición y el nivel de la participación que se pretende adquirir se recoge en los puntos 3 y 4 de la parte I y en la parte II de la lista, así como sobre los vínculos y relaciones, financieras o no, que se recogen en los puntos 2.b).2) a y b de la parte I de la citada lista. Asimismo, deberá facilitarse cualquier actualización del resto de la información recogida en la lista que no obre ya en poder del Banco de España.
Cuando el adquirente potencial sea una entidad financiera supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por otra autoridad responsable de la supervisión de entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras en otro Estado miembro de la Unión Europea, no será necesario remitir la información necesaria para evaluar la honorabilidad que figura en la parte I de la lista.
Si, a los efectos de una adquisición regulada en esta Circular, el Banco de España hubiera evaluado al adquirente potencial en los dos años anteriores, en las notificaciones de adquisiciones posteriores este solo deberá facilitar, en relación con la información recogida en los puntos 1 y 2 de la parte I de la lista, aquella que suponga una actualización sobre la ya remitida. En este supuesto, deberá recogerse en el escrito a que se refiere el apartado 3 de esta norma una declaración respecto a que en la información de la lista no actualizada no se ha producido variación sobre la facilitada a dicha fecha.
3. El escrito correspondiente, al que se adjuntará la información contenida en la lista, deberá ser firmado por el adquirente potencial. En caso de tratarse de una persona jurídica, deberá ser firmado por persona o personas con poder suficiente, lo que deberá ser acreditado ante el Banco de España. Toda la información adjunta remitida para dar cumplimiento a los requisitos de información deberá figurar visada en todas sus páginas por el adquirente potencial o la persona o personas que lo representen.
Cuando la participación significativa supere de forma indirecta, total o parcialmente, alguno de los umbrales previstos, el escrito deberá ser firmado por todos aquellos que vayan a adquirir de manera directa la participación así como por la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, sean el propietario último de aquellos.
La información personal relativa a una persona física o jurídica (como la necesaria para evaluar su honorabilidad o el currículum vitae) que, de acuerdo con la lista, tenga que adjuntarse deberá ser firmada por la propia persona a la que se refiera.
4. Cuando alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 de esta norma se haya producido de manera sobrevenida por no venir derivado directamente de una operación de adquisición por el accionista, es decir, que haya tenido lugar de manera involuntaria, como resultado, entre otros, de la recompra por la entidad de sus propias acciones a otros accionistas o de un incremento de capital en el que otros accionistas no participen, la comunicación prevista en dicho apartado deberá realizarse por el accionista tan pronto este sea conocedor del traspaso de alguno de los umbrales, incluso si tuviera intención de reducir su nivel de participación de tal modo que vuelva a situarse de nuevo por debajo del umbral traspasado, con el fin de que por el Banco de España se pueda evaluar su idoneidad.
En caso de que, en un plazo inferior a tres meses, el accionista tuviera intención de reducir su nivel de participación de tal modo que vuelva a situarse de nuevo por debajo del umbral traspasado, en el escrito a que se refiere el apartado 3 de esta norma deberá recogerse el compromiso de dicho accionista de reducir su nivel de participación, detallándose la forma en que la reducción pretende llevarse a cabo, así como de no ejercer los derechos de voto correspondientes a las acciones en exceso. En este supuesto, no será necesario acompañar al escrito la información que se recoge en la lista.
5. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Banco de España podrá solicitar cuanta información adicional o aclaratoria considere necesaria, atendiendo a las circunstancias particulares de cada adquisición, al objeto de poder realizar una adecuada evaluación cautelar de la misma.
